Comisarios ricos en una ciudad insegura

Escribe Mauro Federico

mfederico@elguardian.com.ar

-Hola, comisaría 38ª.

–Pasame con el principal Rodríguez.

–Rodríguez, tenés teléfono.

–Hola.

–¿Qué hacés? Escuchame una cosa, pasó una diputada y vio el boliche donde están las pendejas, como esta semana hay quilombo con el tema trata en el Congreso y un montón de actos, avisales que saquen a las menores y las escondan arriba.

–OK. Seguro que es esa (Fernanda) Gil Lozano. Tranqui que yo aviso.

La transcripción pertenece a una escucha telefónica dispuesta por la Justicia a raíz de una denuncia que recayó en el Juzgado Federal Nº 5, Secretaría 9, que investiga la Fiscalía Nº 12 a cargo del doctor Patricio Evers, en la causa 8774/12. Si bien la diligencia judicial tenía como objetivo buscar pistas para descubrir a los responsables del robo de pistolas y revólveres del depósito de armas de la comisaría 38º, las conversaciones registradas permiten inferir a los investigadores que desde la seccional se cometerían otros delitos, como el encubrimiento de redes de trata de personas y el cobro de coimas a delincuentes.

Lamentablemente, para el prestigio descascarado de una Policía Federal cada vez más connivente con el delito organizado, esta no es la única causa que aguarda en  Tribunales el avance de un proceso demasiado lento para la gravedad institucional que sus evidentes conclusiones suponen. Al menos otras tres investigaciones con abundante material respaldatorio, que tramitan en juzgados de instrucción y federales de la ciudad de Buenos Aires, tienen en el centro de los cuestionamientos las actividades de tres comisarías porteñas y sus responsables, a quienes se acusa de los delitos de cohecho en perjuicio de comerciantes a los que se les habría requerido dinero a cambio de protección. Y lo que es aún más grave: los pesquisas efectuaron diversos análisis sobre las declaraciones juradas y los patrimonios de los comisarios y subcomisarios involucrados en la investigación y determinaron un notorio incremento, que los denunciados tienen dificultades para justificar.

No me toquen la quintita

La comisaría 44ª tiene límites jurisdiccionales dentro del barrio de Liniers. Durante 2011 y los primeros meses de 2012, la dependencia estuvo a cargo del comisario Mario Antonio Trejo, a quien secundó el subcomisario Carlos Alberto Del Papa. A partir de una denuncia ingresada el 30 de agosto de 2012 en el Juzgado de Instrucción Nº 20, se inició la causa 32.693/12 que investiga a estos dos funcionarios y a otros siete suboficiales y agentes por la presunta comisión de los delitos contenidos en los artículos 256 y 257 del Código Penal. En lenguaje criollo, la Justicia presume que estos federales cobraron por protección policial o “quintas” a comerciantes y particulares, permitiendo el ingreso de dinero mediante un sistema de recaudación ilegal “desviando recursos humanos que deben efectuar servicios de prevención del delito en otras zonas hacia el cuidado de intereses particulares”. Lejos de poner a los responsables de estas serias irregularidades bajo la lupa preventivamente, la Jefatura policial terminó protegiéndolos destinándolos a otras dependencias. Concretamente Trejo se encuentra actualmente a cargo de la comisaría 51ª y Del Papa, de la 42ª.

La detallada denuncia –basada en el testimonio de personal policial recogido por la Coordinación de Fiscalización de Fuerzas de Seguridad, dependiente de la cartera que conduce Nilda Garré– incluye los lugares, las fechas y las horas en las que personal de calle de la 44ª estuvo afectado a la tarea de vigilancia en locales comerciales cuyas zonas no estaban incluidas en las cuadrículas de acción preventiva, todo lo cual permite concluir a los investigadores que las irregularidades “responden a un accionar sistemático de la comisaría en su conjunto”. Pero además incluye otras graves acusaciones como la protección de actividades ilícitas como las combis que no poseen habilitación, los puestos de venta callejera y los prostíbulos ubicados en las inmediaciones de la estación Liniers del ex Ferrocarril Sarmiento. “En la zona hay unos quinientos puestos que pagan cada uno entre 50 y 200 pesos semanales”, asegura uno de los agentes denunciantes.

Otra comisaría que no está exenta de sospechas en materia de corrupción policial es la 7ª, que tiene jurisdicción en el barrio de Balvanera. Las denuncias llegaron, en este caso, al Juzgado de Instrucción Nº 1, a cargo del doctor Hernán López y fueron tan contundentes que configuraron otra causa, la 32.688/12, donde se investiga al comisario Luis Alberto Poggi, a los subcomisarios Claudio Lucione, Osvaldo Tapia, Elio Tobarez y a cinco oficiales y suboficiales de la dependencia por el presunto delito de cohecho. Todo se inició en junio de 2012, cuando el Ministerio de Seguridad recibió una serie de denuncias que involucrarían a estos funcionarios con el “cobro a los comercios y galerías de importadores chinos donde se venden indumentarias de marcas falsificadas”. Los detalles y precisiones sobre los lugares de cobranza y el nombre de los cobradores es tal, que la cartera presentó la correspondiente denuncia judicial en la que consta que el personal policial “cobra 500 pesos por cada container con mercadería falsificada que ingresa en la zona, habiendo visualizado hasta 25 por día” (...)

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OPINIÓN

Agencia Federal de Delitos Complejos

Escribe Marcelo Saín,  diputado provincial Nuevo Encuentro. Sociólogo. Especialista en Delitos Complejos. 

Nuestro país no cuenta con un dispositivo policial unificado y especializado en el control del delito organizado, lo que ha dado lugar a una pronunciada fragmentación institucional. Habría que evaluar seriamente y sin mezquindades organizacionales si no llegó la hora de conformar una Agencia Federal de Seguridad Compleja abocada a conjurar determinadas modalidades de la criminalidad organizada, como el narcotráfico, la trata de personas o la venta de armamento. Dicha agencia conformaría un sistema integrado de conducción superior, de inteligencia criminal, de despliegue y labor operacional y de desarrollo táctico integrado del sistema policial dedicado al seguimiento de este conjunto de problemáticas. Asimismo, no debería perderse de vista que la modernización institucional propuesta requiere de inversión pública destinada a afrontar los gastos que demanden la infraestructura policial adecuada, la formación y capacitación especializada del personal policial y el mejoramiento salarial de este. No se puede hacer frente eficientemente a la criminalidad de alta rentabilidad económica con instituciones policiales pobres, dotadas de presupuestos insuficientes que favorezcan el financiamiento ilegal mediante la estructuración de mecanismos de recaudación ilegal de fondos. Ello abre la puerta para que las poderosas organizaciones criminales que están detrás de los negocios de referencia consigan controlar por medio de su fabulosa capacidad corruptiva a sectores o grupos policiales abocados a su control y desarticulación.